Pablo Iglesias y la lucha por la independencia judicial

Rudolf von Ihering

Dedicado a Juan Antonio Sáenz de San Pedro, amigo del alma, Magistrado, y sabio

Recientemente, el Vicepresidente Segundo del Gobierno de España ponía seriamente en cuestión la independencia judicial mediante un comentario en la red social twitter, en el que, tras afirmar, de forma retórica[1], que las sentencias deben acatarse o recurrirse, escupía este exabrupto:

«En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso.».

De este modo, una autoridad institucional del poder ejecutivo español ponía seriamente en entredicho una concreta actuación de otro de los poderes del Estado, el judicial. Resulta sencillamente ridículo –no constituyendo sino un desprecio a la inteligencia de los españoles- lo que afirmó, en su tardía reacción, el Presidente Sánchez, diciendo que Iglesias hablaba como Secretario general de Podemos...

Un Estado de Derecho descansa sobre cuatro pilares:

• Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad popular.
• División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
• Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial y
• Derechos y libertades fundamentales garantizados y efectivamente realizados.

En otro post de este mismo Blog hablé ya del Imperio de la Ley, a propósito de la cuestión de Cataluña[2]. Ahora comentaremos el segundo de esos pilares, la división de poderes. Aunque con antecedentes que arrancan en Aristóteles, la formulación del principio más elaborada aparece en «El espíritu de las leyes», de 1748, en el que Montesquieu afirma:

«[no hay libertad] cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.».

El título del presente post procede en parte del conocido opúsculo de R. von Ihering La lucha por el Derecho, que llegó a mis manos hace años en la edición de la Editorial Comares, con el prólogo de la traducción española (de Adolfo Posada) escrito por Leopoldo Alas, «Clarín», en 1881, que Giner estimaba como uno «de los trabajos de más intensa profundidad y de más sustancia de nuestra literatura filosófico-jurídica», como nos recuerda, en el estudio preliminar de la obra, José Luis Monereo.

La lucha por el Derecho es un deber moral de todo ciudadano, porque hemos otorgado poderes al Estado, exorbitantes, y ello supone la necesidad de arbitrar mecanismos de control a ese poder, y principal mecanismo para ello es el Derecho[3]. De esta idea surge fácilmente otra: la inevitable tensión entre el estado y el Derecho[4], que plantea importantes retos a la organización política de los Estados, y cuya mejor solución hallada hasta el presente es el concepto de Estado de Derecho, cuyos requisitos son aquellos cuatro que se han señalado.

Como recuerda Elías Díaz, la separación de poderes «constituye el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo»[5]. Mediante la separación de poderes, recíprocamente estos se limitan entre sí. 

Exigencia básica de la separación de poderes es la independencia de los jueces: necesitan, a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no estar sometidos a otro imperativo que el de la Ley. Porque, como afirma el profesor Díaz –de lo mejor de la intelectualidad socialista española- «La independencia del poder judicial frente a las presiones tanto del legislativo como, sobre todo, del ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho (…) este punto es, en efecto, central para comprobar si existe o no auténtico Estado de Derecho (…): así, (…) cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los Tribunales (…), puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho.»

Sin Estado de Derecho no puede existir una sociedad democrática. Es ontológicamente imposible, jurídica y socialmente inviable. Un Estado en el que no impere la Ley y en el que los poderes no se controlen recíprocamente, porque la separación entre ellos falla, es un Estado autoritario. 

Si no tomamos en serio la independencia de los jueces en su función jurisdiccional, el totalitarismo está llamando a nuestra puerta. Por que, como afirma Ihering, «El derecho [es] una idea de fuerza; he ahí por que la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el derecho en su impotencia». En opinión de Ihering, es el individuo inserto en el organismo político el que debe luchar por el derecho, por sus derechos, y más en una sociedad democrática: «(…) si se quiere saber cómo una Nación defenderá en un caso dado sus derechos políticos y su rango internacional, basta saber cómo el individuo defiende su derecho personal en la vida privada.»

La cuestión es de importancia capital si no queremos dejarnos caer por la pendiente de un populismo lenitivo que nos conducirá directos al autoritarismo. No olvidemos que esa lucha por el derecho –y la independencia judicial es uno de los nuestros- nos incumbe en primer lugar a los ciudadanos. Pero no perdamos toda esperanza, y recordemos, con Clarín, que «la lucha [es] un estado transitorio para llegar a obtener satisfacciones que acaban con ella.»[6].

Imagen: https://gradoceroprensa.files.wordpress.com/2018/03/images13.jpeg?w=171

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[1] Tercera acepción de la palabra retórica en el DRAE: adj. despect. Vacuo, falto de contenido. Una disculpa retórica.

[2] http://www.joaquinpolo.net/2013/09/el-imperio-de-la-ley.html

[3] El iusfilósofo socialista Elías Díaz, hoy catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid afirma (en Estado de Derecho y sociedad democrática) que «Las ideas de control jurídico, de regulación desde el Derecho de la actividad estatal, de limitación del poder del Estado por el sometimiento a la Ley aparecen, pues, como centrales en el concepto del Estado de Derecho (…).».

[4] Como afirma G. Radbruch en su Filosofía del Derecho, «Entre ambos concepto [el estado y el derecho, la prioridad de uno u otro] existe una aguda tensión, tensión como la que se encuentra siempre entre una norma y una realidad (…).»

[5] En la citada Estado de Derecho y sociedad democrática.

[6] Leopoldo Alas en el prólogo a La Lucha por el derecho, de R. von Ihering