El modelo de política familiar que se vaya a desarrollar por parte de los poderes públicos de un país debe hacer posible que la familia cumpla sus funciones estratégicas, que le corresponden como primera entidad vertebradora de la sociedad. En efecto, la familia no ha perdido sus importantísimas funciones de procreación, educación, cohesión social, socialización, transmisión de valores y pautas de conducta, y, cada vez más, la función estratégica de protección social, que proporciona seguridad a sus integrantes.
Pues bien, precisamente por que no se definen modelos de política familiar que verdaderamente valoren a la institución familiar en su justa medida, los gastos de protección social de los estados de están convirtiendo en inmensos “agujeros negros” de sus presupuestos estatales. Cualquier menosprecio por parte del poder público a la institución familiar, cualquier minusvaloración de su importancia, de su trascendencia en la organización social va a influir en su consideración social y va a disminuir su idoneidad para cumplir aquellas funciones estratégicas. Pensemos en las leyes de “dependencia”, dirigidas a proteger económicamente la asistencia a quienes no pueden valerse por sí mismos; a través de ellas, los Estados pasan a desempeñar (traducidas en cifras, en dinero) un papel tradicionalmente propio de la familia. Dado que los hogares europeos están cada vez integrados por menos personas[1] es lógico que ello sea así.
Por otra parte los Estados modernos están obligados a llevar a cabo una política familiar digna de se nombre, que tenga un carácter integral e integrador, de manera que las políticas y medidas sectoriales de protección y ayuda que se adopten converjan todas ellas de modo que se creen las condiciones políticas, sociales y económicas que permitan que la familia cumpla sus misiones estratégicas. Por tanto, serían características del modelo de protección familiar las siguientes:
1. Que el ordenamiento jurídico en su conjunto esté impregnado del principio máxima consideración de la institución familiar, de protección integral de la misma, y que ese principio esté plasmado transversalmente en todos los ámbitos del derecho que de alguna manera afecten a la institución familiar. Para ello es imprescindible que los poderes políticos hayan asumido este principio, plasmado en sus programas electorales e impulsado gracias a la presión de los distintos agentes sociales.
2. La política familiar debe ser una política prioritaria.
3. Que las medidas de protección que se adopten estén todas ellas coordinadas y respondan a idénticos criterios. Que en Estados en los que exista descentralización política las diferentes legislaciones territoriales estén asimismo coordinadas. Las familias deben tener la misma protección en cualquier parte del territorio en el que hayan decidido fijar su residencia.
4. La política familiar debe considerarse como un conjunto de derechos subjetivos, en cuyo ejercicio se incentive la responsabilidad y la libertad de elección.
5. Dado que la institución familiar tiene vocación de permanencia en el tiempo, las medidas de protección y ayuda a la misma tienen que tener asimismo una mínima continuidad de manera que la seguridad jurídica esté garantizada. No pueden quedar al albur del partido gobernante de turno.
6. Dos principios esenciales: la política familiar debe estar dirigida a garantizar la igualdad plena de derechos del hombre y la mujer y debe fomentar asimismo la natalidad: es imprescindible para cualquier sociedad garantizar su supervivencia con un adecuado relevo generacional. En las sociedades modernas el papel que le incumbe en ello a la política familiar es de primer orden.
Vistas estas características generales, que en general son coincidentes con los principios generales de la política familiar (universalidad, participación, subsidiariedad, responsabilidad pública, integración de recursos, coordinación interadministrativa, descentralización) podemos detallar a continuación las medidas que consideramos imprescindibles para que podamos estar en presencia de algo que merezca el nombre de “política familiar”:
- La incorporación de la mujer al mundo laboral y la necesidad de garantizar la igualdad de derechos hombre-mujer hacen imprescindible articular un sistema integrado y coherente de medidas que permitan la conciliación de la vida familiar, laboral y social. El coste económico de estas medidas nunca debe repercutir en la empresa empleadora, debe ser asumido por el Estado.
- La racionalización de horarios. El tiempo que los miembros de la familia dedican a su actividad profesional debe configurarse de manera que permita a la familia convivir diariamente. Asimismo, los horarios escolares deben estar pensados para permitir ser considerados racionales en un mundo en que ambos progenitores trabajan.
- Debe incentivarse la procreación. Las medidas a adoptarse en este ámbito son de muy diverso tipo, desde ayudas económicas directas por nacimiento y por hijos a cargo, hasta permisos laborales por parto y lactancia de suficiente amplitud y que puedan ser disfrutados por ambos progenitores, pasando por redes de guarderías públicas de calidad. Asimismo, no deben suponer coste económico alguno para las empresas empleadoras.
- Debe crearse y mantenerse un sistema de salud que atienda de manera integral a todos los miembros de la familia en todas las edades.
- Para asegurar la convivencia familiar y el desarrollo armónico de las familias, éstas deben poder acceder a una vivienda digna. Para ello debe asegurarse el acceso a la misma a través de un sistema público basado en los principios de igualdad, no discriminación y seguridad jurídica. Las viviendas deben ser de una amplitud y calidad que puedan constituir un espacio de encuentro, esparcimiento y fortalecimiento de la vida familiar.
- La política fiscal del Estado debe estar orientada a la protección y defensa de la familia, tanto a la hora de configurar la escala de gravamen de los impuestos directos como a la hora de establecer bonificaciones y deducciones. Se tendrá en cuenta los ingresos familiares, el número de personas a cargo (descendientes y ascendientes) y otro tipo de circunstancias para que la carga fiscal que recae sobre la familia resulta ventajosa.
- Otros aspectos. Sería conveniente que la totalidad de las políticas públicas tuvieran en cuenta a la familia. Cuestiones tales como redes públicas de centros de orientación y mediación familiar, protección de las actividades de ocio familiar, medidas de fomento de uso de medios de transporte público a precios ventajosos para las familias, centros de educación a todos los niveles del sistema con métodos de acceso basados en el mérito y la capacidad y con ayudas para las familias…
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