Los sembradores impuros del Odio

Fina Santiago "Consellera" de asuntos sociales de Baleares. Foto: www.diariodeibiza.es

Decía el otro día en Hermann Tertsch en ABC (1), hablando de los inmensos desaguisados nacionales que están ocasionando –y eso que no llevan aún un año- los neocomunistas de Podemos y adláteres, con el entusiasta apoyo del PSOE, que nuestras ciudades y nuestras instituciones se han convertido en inmensos kindergarten dirigidos por seres no adultos y tiranos que, con desprecio al sentido común, las vidas, las haciendas y los intereses de millones de españoles, se dedican a sus excesos y experimentos como si fueran meras gamberradas. Esta semana que termina se ha consumado una de las peores, por lo debería ser recordada en toda España como la semana de la vileza. Porque en las Islas Baleares se ha derogado la Ley que protegía a la mujer embarazada para que, precisamente, pudiera llevar adelante su embarazo.

Aquella Ley, modélica en muchos aspectos, fue aprobada en 2014, y partía de la declaración de un único derecho, en mi opinión real e incontestable: el que tiene toda mujer embarazada a ser madre. Era una Ley que respondía a una visión de la maternidad positiva y esperanzadora (pues partía del derecho a la maternidad, que ya en 2006 una Ley anterior había establecido, la cual, decía su Exposición de Motivos, “se considera como un bien insustituible”, [por lo que] “todas las cargas y los cuidados que suponen el embarazo, el parto, la crianza y la socialización de las hijas y de los hijos, tienen que recibir ayudas directas de las instituciones públicas de las Illes Balears, con objeto de no constituir discriminación onerosa para las mujeres”), todo lo contrario a esa visión negativa de la misma que hoy se nos intenta imponer, haciéndonos ver la maternidad como un riesgo, como algo dañino para la mujer, que se debe evitar.

Las medidas que se contenían en esa Ley, en cuyo título se expresaba ya su intención de establecer y regular la protección a la maternidad, se inspiraban en lo que insistentemente había pedido la ciudadanía mediante una serie de Iniciativas Legislativas Populares que se habían ido presentando en las Comunidades Autónomas, bajo el título de “ILP RedMadre”, a impulso del Foro de la Familia.

El desencadenante de este gran movimiento popular fue la Ley de Zapatero-Rajoy de 2010,  que culminó el proceso de desprecio a la mujer embarazada que hoy parece hegemónico –y que motiva que la tan manida marginación o discriminación en todos los órdenes de la mujer lo sea en realidad de la madre, o la mujer que lo va a ser-. Esa Ley convirtió el aborto intencionado en una suerte de derecho subjetivo.

Ante la realidad incontestable de que un aborto intencionado es un mal que hay que intentar evitar –premisa que goza de amplio acuerdo-, por lo que el recurso al mismo debe quedar relegado a un último, muy último lugar, esta Ley tenía por objeto “garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social, propiciando el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esta finalidad”.

En ella se establecían medidas muy loables, como establecer la prioridad de la mujer embarazada para acceder a las prestaciones o ayudas, o para evitar que ninguna mujer embarazada sea objeto de perjuicio o discriminación laboral, por motivo de su embarazo o su maternidad, tanto en su ocupación actual como en la solicitud de nueva ocupación. Las medidas legales tenían muy en cuenta la situación que el embarazo puede causar en una menor, y, por ejemplo, establecía que, para aquellas menores que cursen estudios obligatorios, se incluirá una adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades durante el embarazo. Porque, en definitiva, esta Ley consideraba a la maternidad y la protección del concebido no nacido como principios del estado de bienestar social de la comunidad.

Pues bien, quienes, desde el poder autonómico o local manejan el odio ideológico como único principio de actuación han decidido que la mujer embarazada no tiene derecho a ser madre, y que no merece tampoco protección ni apoyo alguno, ni aún en el caso más grave de desprotección o coacciones. Consideran que no es necesaria ninguna red social de protección que parte de la ciudadanía, porque para ellos la maternidad no es ningún valor, sino algo ofensivo. Han derogado, sin más, y por completo, una magnífica Ley, de hondo calado social, y ello sin justificación alguna. Porque, a pesar de escudarse en que la Ley de Zapatero-Rajoy de 2010 y otras leyes ya prevén medidas de este tipo, ello es sencillamente falso. Ninguna de las medidas de protección de esta Ley figuraban en ninguna otra norma jurídica en vigor, ni a nivel Estatal ni Autonómico. 

También es tramposo, e insulta a la inteligencia del más memo, decir que se deroga porque "Hace un año y medio que está y no ha hecho nada", como dijo la "Consellera" de Asuntos Sociales. Si la Ley no se ha puesto en práctica con medidas presupuestarias no hay que derogarla, sino cumplirla. El desprecio a la Ley es otro de los signos distintivos del azote progre que nos aflige.

(1) ABC. 27/05/2016. "El inmenso Kindergarten".