Cataluña y "El Imperio de la Ley"

En un reciente artículo, que con el título de “Sin Derecho no hay paz” puede leerse en la web del Foro Español de la Familia (http://www.forofamilia.org), su Presidente, D. Benigno Blanco, afirma :

“El respeto masivo y espontáneo del Derecho es uno de los fundamentos prepolíticos de la vida social, es algo que solo puede anclarse en las convicciones morales personales que nacen de ámbitos de humanización como la religión y la familia. Para salvar o reconstruir una sociedad viable no violenta, es decir, para recuperar el respeto al Derecho, es imprescindible reforzar y mimar esos ámbitos prepolíticos de convicciones éticas. Si estos decaen, se impondrá cada vez más la fuerza bruta, sea la del poder político o económico, la de la opinión pública o la del sentimentalismo manipulado y manipulable al servicio del poder”.

Esta acertadísima reflexión me ha hecho pensar en algo verdaderamente sorprendente: determinados dirigentes autonómicos (pienso ahora en el Presidente de la Generalidad de Cataluña) invocan un supuesto “derecho a decidir”, que revisten de legitimidad democrática y disfrazan de ejercicio democrático perfectamente exigible en una sociedad occidental del siglo XXI, cuando al mismo tiempo, vulneran de modo flagrante, reiterado y alevoso la legalidad vigente.

Hay que recordar a este dirigente político un principio básico, elemental y fundante del orden democrático: el Imperio de la Ley o principio de legalidad.

Es algo tan extremadamente importante en cualquier organización política que se considere a si misma democrática que, si este principio no se cumple, sencillamente no existe un Estado de Derecho. Nuestra constitución lo consagra en el artículo 9º.3 (La Constitución garantiza el principio de legalidad), después de definir al Estado español como un Estado social y democrático de Derecho en su artículo 1º.

Este principio significa sencillamente que la Ley está por encima de todo, todos están sujetos a ella, tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos. Si un gobernante, en el uso del poder, incumple sistemáticamente determinadas leyes y deja de aplicar determinadas sentencias, la Democracia, el Estado de Derecho que la sustenta, sencillamente, desaparecen. Se pasa de inmediato a estar inmerso en un tipo distinto de organización política, que desde luego podrá calificarse de cualquier forma, pero nunca como una democracia.

Esto hace decenios que para la doctrina iusfilosófica y jurídico-política está pacíficamente aceptado. En este sentido, me limitaré a citar a un autor muy poco “sospechoso”; me refiero a un temprano Elías Díaz, filósofo socialista, que ya en 1975, en su obra “Estado de Derecho y Sociedad Democrática” (libro publicado por primera vez en marzo de 1975) dejaba bien sentado qué condiciones deben cumplirse para que pueda hablarse de “Estado de Derecho”:

a)     Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad popular

b)    División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial

c)     Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial y

d)    Derechos y libertades fundamentales garantizados y efectivamente realizados.

Refiriéndose al primero, que es el que aquí nos interesa, señala E. Díaz: “El «imperio de la ley» constituye la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho (Rule of law)”. Es decir, que sin que la ley sea respetada por todos y en primera instancia por los gobernantes, aplicada debidamente y hecha respetar a todos, no estaremos en  ningún caso en presencia de un Estado Democrático de Derecho. Es así de sencillo.

Hasta en la Rusia soviética (feroz Estado represor y antidemocrático) hacían bandera del principio de legalidad, para intentar aparentar un ligero barniz de normalidad democrática. Cita Elías Díaz al autor soviético N.G. Alexandrov, que en 1959 escribía: “Un rasgo fundamental de la legalidad socialista consiste, ante todo, en asegurar la supremacía de la ley respecto a todas las decisiones de los órganos locales del poder, a todas las decisiones de los órganos de la Administración y de los órganos judiciales y de instrucción”.

Me parece que algunos dirigentes autonómicos de la España de 2013, y muy especialmente el presidente de la Generalidad de Cataluña, tendrían mucho que aprender de los juristas soviéticos de mediados del siglo pasado. Que ante esta asombrosa circunstancia el amable lector saque las conclusiones oportunas.

Imagen: www.absolutrusia.com